sábado, 11 de julio de 2009

Plan Cardales: Usos y abusos del monopolio oficial

La convergencia de las comunicaciones, que revoluciona la vida de las personas, exige reglamentaciones acordes. Una de ellas, fundamental, es la existencia de la libre competencia. Cualquier monopolio, sea de tipo estatal o privado con anuencia oficial, hace imperfecto el desarrollo de las nuevas telecomunicaciones y lo condiciona de muchas maneras, sea en sus reglas de juegos, intimidando inversiones locales y extranjeras en el sector, o exponiendo a los usuarios a servicios y precios inconvenientes. Las experiencias a nivel mundial muestran efectos negativos y un retraso importante en el aprovechamiento de las mieles del progreso.

En plena transformación de sus telecomunicaciones, América Latina todavía tiene ejemplos de monopolios oficiales, persistentemente criticados por los operadores privados.

Esta semana, por ejemplo, Uruguay ha desnudado una lucha de intereses entre el Estado, controlador monopólico de la telefonía, y los sectores privados involucrados con el sector.

El Gobierno tiene andando una iniciativa de inclusión digital, el denominado Plan Cardales, con el fin de hacer llegar la banda ancha, la telefonía fija y la TV por cable a los sectores de menores recursos, en la actualidad excluidos y sin servicio.

Pese a tener el control monopólico de la telefonía fija y dominar ampliamente el mercado de banda ancha, el Gobierno quiere que las cableoperadoras uruguayas, prestadoras de la TV de pago (la pata que le falta al Estado para dar el Triple play) se involucren activamente con el objetivo. Como fin social, indudablemente la pretensión tiene su valor. Como negocio también pues el plan tiene poco más de 300 mil hogares clasificados en la categoría “sin servicios”. Lo llamativo es que este plan social conmina a los cableoperadores a que se sumen al plan como inversores clave, con un doble beneficio, según el punto de vista oficial: ser exonerado del 100% del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) y ganar abonados en las clases marginadas económicamente.

A cambio, y como inversión para ser parte del Plan, las cableoperadoras están obligadas a entregar en comodato el equipamiento a los hogares objetivo. El decreto prevé que el impuesto exonerado no deberá superar el monto invertido por las compañías.

En un mercado que lo tiene como dominante, el dueño de la situación tiende a cebarse de su poder y a ir más allá de la cordura que impone el mundo de los negocios. Lo han confirmado numerosos países que vivieron un tiempo de monopolio y es precisamente lo que el sector privado le está achacando ahora al Gobierno uruguayo, tras confirmar que la estatal Antel, operadora de telefonía fija y móvil a nivel nacional, quiere asegurarse la exclusividad para dar Triple Play.

Esta semana han salido a quejarse públicamente del juego oficial la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) y la Cámara de Telecomunicaciones de Uruguay, cada una con sus argumentos. La primera denunció que los operadores de cable del interior del país están siendo obligados a firmar el acuerdo con Antel, aceptándolo como único operador Triple Play, si pretenden participar del Plan Cardales. Hace meses, luego de presentarse la iniciativa gubernamental, Horacio Rodríguez, presidente de la CUTA, expuso su preocupación por el nivel de inversiones que debían realizar los asociados a la cámara, especialmente en upgrades y en la reconversión de las redes, y el costo del abono a implementar, inevitablemente bajo por las limitaciones de los clientes potenciales. Ahora Rodríguez dice lo que no dijo entonces: que la asociación discrepa con “la implementación” del Plan Cardales, por esa condición de único permisionario de la triple oferta con la que se ha investido a Antel.

Las empresas privadas de telecomunicaciones, por su parte, resolvieron presentar un recurso de nulidad contra el decreto que creó oficialmente el Plan. La cámara que las agrupa argumentó en un escrito que el Gobierno “genera una distorsión en el mercado de las telecomunicaciones por cuanto le permite a un único operador ser juez y parte en el mismo, lo cual es contrario a la libre competencia”. Las Telcos privadas coinciden en criticar que” la discrecionalidad que admite el decreto a favor de un operador de un mercado (Antel) es un acto contrario a la norma de derecho”.

En síntesis, y esto no se le escapa a ningún analista que observe la realidad uruguaya de las comunicaciones: Hay grises en el Plan oficial y hay grises oscuros en el manejo sobredimensionado de las telecomunicaciones. Su intento de llegar a los sectores de menores recursos puede leerse de varias maneras pero el querer valerse del sector privado para ampliar su poder monopólico, y el hacerlo de forma imperativa, ya merece una reacción más comprometida de los sectores perjudicados y de las propias cámaras de defensa del consumidor. Por OMAR MÉNDEZ para TodoTV News