El Plan Cardales fue presentado en su primera etapa a fines de agosto de 2009 como una suerte de "continuación" del plan Ceibal. Pretendía que unos 800.000 uruguayos accedieran internet, telefonía fija y televisión por cable a través del sistema "triple play".
Pero su eventual apertura a operadores privados fue uno de los varios puntos de fricción entre la pasada y la actual administración.
Luego de muchas idas y venidas, su aplicación fue suspendida y el rumbo del actual Gobierno no parece darle muchas esperanzas.
Se lo comenzó a aplicar en forma experimental en la ciudad de Trinidad, con la idea de paulatinamente irlo extendiendo a todo el país.
El paquete básico costaba 380 pesos e incluía ocho señales de TV.
Se buscaba a través de este medio que Uruguay fuera el primer país del mundo cien por ciento conectado y convergente, facilitando la formación, la cultura y la formación a todas las clases sociales.
La intención del ex presidente Tabaré Vázquez de habilitar a privados a ser operadores del sistema –entre ellos varias multinacionales –despertó la inmediata oposición de varios sectores de la sociedad.
Entre ellos el Sindicato de las Telecomunicaciones y varios sectores del Frente Amplio, como el MPP, en lo que fue uno de varios cortocircuitos entre Vázquez y el actual gobierno.
A contrapelo de la opinión del ahora presidente José Mujica, Vázquez logró institucionalizar en la órbita de Presidencia el Plan Ceibal y los programas de salud bucal y ocular, así como también sacar adelante la discutida Ley de Descentralización.
Pero no tuvo la misma suerte con el Cardales, ya que a instancias de Sutel, el PIT CNT evaluó la interposición de recursos legales contra la iniciativa del ex presidente, al que acusó de querer abrir a las multinacionales el mercado de telefonía fija, exclusivo de Antel como fue establecido por una consulta popular en 1992.
Luego de unos meses de gran empuje, que algunos vieron como un “capricho personal” del ex presidente, Vázquez anunció, pocas semanas antes de abandonar su cargo, la puesta en suspenso del plan.
Hoy por hoy, el Cardales está, según algunas fuentes de Gobierno, “virtualmente muerto”.
La empresa Trinidad Video Cable, que fuera habilitada para instrumentar junto a Antel el plan piloto, tiene menos de 20 abonados con este sistema.
A nivel oficial no hay decisión de avanzar sino que la postura es de ir evaluando todo lo hecho hasta el momento.
Según dijo a El Espectador el director Nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez, esta evaluación aún no ha culminado y ni siquiera tiene fecha de finalización.
“La complejidad de los aspectos con los que se vincula, pero fundamentalmente por la necesidad que se planteó ya cuando el presidente actual estaba en campaña, era la necesidad de definir un rumbo, una política nacional de telecomunicaciones, entre lo cual, después distintos planes o situaciones completas puedan integrar. Yo no lo vería tanto como un problema sino más bien [como] el tiempo necesario para pensar la política general del país en materia de telecomunicaciones y entonces, en función de tener claro el panorama general, ver cómo se incorporan algunos planes específicos de la importancia que tiene el Cardales”, explicó.
Esta evaluación viene siendo hecha bajo la dirección del Ministerio de Industria y con la participación de la Ursec, el LATU y el propio Sindicato de las Telecomunicaciones.
Desde el gremio se dijo El Espectador que nunca se opondrán a la ampliación del acceso a Internet a los uruguayos de menores recursos, pero sí a la habilitación de privados en la transmisión de datos, lo que supondría una “herida de muerte” a Antel, sostén de todos proyectos de inclusión social.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, señaló que la banda ancha fija es exclusiva de Antel y que Vázquez realizó una interpretación particular de la ley al querer habilitar a privados.
El dirigente gremial dijo que el ex presidente quiso por la vía de un decreto desconocer la voluntad popular, “borrando con el codo lo que alguna vez escribió con la mano”.
“En el año 2001 el doctor Tabaré Vázquez firmó en Sutel y formó parte de las más de 700.000 firmas que volvieron a tirar para atrás ocho intentos de privatización llevados adelante en la época del Jorge Batlle a través de la creación de los artículos 612 y 613, e incluirlos en lo que fue la ley de presupuesto de ese año. Entonces no se puede borrar con el codo lo que se hace con la mano. Acá las cosas tienen que ser claras y los uruguayos tienen que tener conocimiento de estas cosas. Creo que fue inteligente la actitud del doctor Tabaré Vázquez, después, en echar para atrás esto y pasarlo a la transición y que sea el gobierno entrante, o sea el actual gobierno, el que estudie el tema, verifique la situación y vea por qué motivos en la ciudad de Trinidad este plan piloto del Cardales no colmó las expectativas de los privados”, manifestó.
Lo cierto es que la actual administración parece ir por otro camino en su intento de universalizar el acceso a Internet.
La propia Comisión de Evaluación del Cardales está trabajando en la redacción del proyecto de una nueva Ley de Telecomunicaciones que el Ejecutivo pretende aprobar en este período.
Según manifestó Gómez, así lo entendió en su momento el ex presidente Vázquez.
“Lo que motivó el inicio del proceso de evaluación, y creo que así se entendió por parte del presidente Tabaré Vázquez en su momento, fue la necesidad de no avanzar en determinadas acciones, en este caso en el Plan Cardales, a poco tiempo de un cambio de Gobierno, a la espera de que ese nuevo Gobierno pudiera delinear una política pública nacional en materia de telecomunicaciones y que entonces, en función de esa política pública, Cardales se incorporara no como un hecho ya creado sino en función de las nuevas directivas. Es el tiempo necesario para pensar hacia dónde vamos y después ejecutar acciones concretas”, informó.
Por lo pronto ya hay varios planes en ejecución. Se pretende que a fin de año casi todas las escuelas, el 100% de los espacios públicos, y 100 barrios de bajos recursos de todo el país tenga cobertura Wifi.
El objetivo es llegar al 60% de la población en dos años y llegar al fin del quinquenio a la universalización del acceso a Internet.
Lo cierto es que tanto el rumbo tomado por el actual Gobierno como la ausencia de novedades en cuanto al Cardales parecen anunciar su fin sin penal ni gloria.
VÍA | El Espectador
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