Cablevisión demandará al gobierno por pérdida de canales

La empresa Cablevisión, del grupo argentino Clarín, anunció que demandará al Estado uruguayo ante la Justicia y en tribunales internacionales por la reducción de frecuencias que dispuso el gobierno del presidente José Mujica a través de un decreto firmado el 8 de marzo.
La empresa asegura que con esa decisión, el Poder Ejecutivo le quitó “más de la mitad del espectro oportunamente concedido” y advierte que por ello sufrirá “una disminución muy significativa de la cantidad de señales susceptibles de ser brindadas a los clientes”.
En un comunicado de prensa, la empresa argentina de televisión cable dice que el gobierno de Mujica  “atropella retrospectivamente los derechos adquiridos y avanza contra la seguridad jurídica, bien muy preciado y fundado en Uruguay”.
Cablevisión advierte que de mantener vigente el decreto en cuestión (el N° 73/012) el Poder Ejecutivo violaría la Constitución.
“El Estado incurriría en responsabilidad por violación del principio de seguridad jurídica, cuestión que la Constitución reconoce y garantiza”, dice el comunicado del cable operador.
El subsecretario de Industria, Edgardo Ortuño, defendió la decisión del gobierno y destacó que el decreto cuestionado por la empresa “se basa y respeta la normativa vigente, tanto nacional como internacional”. Consultado por El Observador, el jerarca aseguró que el gobierno “está habilitado a innovar” en el espectro radioeléctrico “en beneficio del interés general y para poder desarrollar nuevas tecnologías”.
El gobierno le quitó frecuencias a Cablevisión para desarrollar en ellas la telefonía de cuarta generación (4G) y la televisión digital abierta.
El gobierno se basó en varias leyes y decretos para modificar la concesión de la empresa argentina, según consta en el decreto impugnado. Allí cita el Convenio de Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobado por ley en 1998, y el decreto 114/003 del año 2003. 
Consultado acerca del juicio y la demanda internacional que pretende iniciar la empresa contra Uruguay, el subsecretario Ortuño señaló que “el gobierno no cree conveniente judicializar un asunto tecnológico”.
“La decisión del gobierno no responde de ninguna manera a un intento por perjudicar a una empresa en particular, sino que vela por el interés general”, concluyó Ortuño.
Pero la empresa, que ofrece señales de televisión cable por antena, advierte que pese al decreto “continuará ofreciendo sus servicios con total normalidad”, y agrega: “Al mismo tiempo solicitará nuevas audiencias a las autoridades pertinentes y, de ser necesario, acudirá al ámbito judicial y a los organismos internacionales para defender los legítimos derechos de sus clientes y de la empresa”.
Cablevisión asegura que la revocación de frecuencias que dispuso  el gobierno “generará un impacto muy negativo para los más de 70.000 clientes de la compañía” en Montevideo y Canelones.
La empresa advierte que de 24 frecuencias que tiene le quedarán 10 y que por eso restringirá el servicio, sobre todo en los canales premium, las señales de alta definición (HD) y el servicio DVR que permite grabar horas de programación. La empresa recordó que ha hecho una “millonaria inversión” en Uruguay.


Fuente l El Observador